El subprocurador Roger Marcelo Longaric aseguró que, una vez identificados los responsables de las «malas decisiones», se iniciarán procesos legales para recuperar el daño económico causado al Estado
El Gobierno nacional evalúa estrategias legales y financieras para cumplir el fallo del Tribunal Supremo de los Países Bajos, que obliga al Estado a pagar aproximadamente $105 millones de dólares al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). El objetivo central es hallar una solución que no comprometa la estabilidad económica del país.
El viceministro de Pensiones, José Horacio Valencia, junto al Procurador General, Hugo César León, calificó el dictamen como una «herencia» de gestiones pasadas. Según la autoridad, el conflicto —originado en 2017 tras la nacionalización del sistema de pensiones— fue producto de decisiones que vulneraron la seguridad jurídica y de una defensa deficiente en etapas previas.
Para proteger el erario público, las autoridades anunciaron medidas inmediatas:
Auditorías técnicas: Se revisarán todos los procesos de arbitraje vigentes para identificar fallas estructurales.
Acciones de repetición: El subprocurador Roger Marcelo Longaric aseguró que, una vez identificados los responsables de las «malas decisiones», se iniciarán procesos legales para recuperar el daño económico causado al Estado.
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