Tras la audiencia de medidas cautelares, se dictó detención preventiva para los 15 detenidos vinculados a la seguridad de Marset. La resolución establece que los ciudadanos extranjeros serán trasladados a diversas prisiones, mientras que los bolivianos cumplirán la medida en Palmasola
En un fallo contundente que busca desarticular la estructura de protección del narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, la justicia boliviana ordenó la detención preventiva por 180 días para 15 presuntos miembros de su guardia personal. Tras una maratónica audiencia, la juez cautelar Ximena Flores determinó que los imputados —de nacionalidades boliviana, colombiana y ecuatoriana— sean distribuidos en cinco cárceles de máxima seguridad a lo largo del país para evitar cualquier intento de reagrupación.
Un arsenal para la guerra en Santa Cruz
Los acusados fueron capturados durante dos operativos tácticos en la zona norte de Santa Cruz, mientras custodiaban fincas vinculadas a la organización criminal. Al momento de su detención, el escenario era propio de un conflicto bélico: armamento de grueso calibre, equipos tácticos y municiones de uso exclusivo militar fueron incautados por las fuerzas del orden.
La Fiscalía, bajo la representación de Delmy Guzmán, presentó una imputación demoledora que incluye: Tráfico ilícito de armas de fuego, organización criminal y asociación delictuosa, atentado contra miembros de organismos de seguridad del Estado (en grado de tentativa).
Dispersión nacional: El mapa de las detenciones
Para mitigar riesgos, la autoridad judicial ordenó el traslado inmediato de los detenidos bajo estrictas medidas de seguridad hacia los siguientes penales: Palmasola (Santa Cruz): Rolando Veizaga, Arnaldo Guzmán, Félix Salvatierra y Tito Serrudo. San Pedro (La Paz): Luis Esteban Restrepo y Sebastián David Hernández. El Abra (Cochabamba): José Gustavo Avila y Daniel Andy Bajaña. San Pedro (Oruro): Evert de Jesús Argumedo, Cristian Andrés Villa, Kevyn Enrique Chanci, Martín Obander David Usuga y Abel Miro Manco. Cantumarca (Potosí): Edwin Andrés Mosquera y Kevin Andrés Murillo.
Durante la audiencia de este sábado, los acusados intentaron apelar a la sensibilidad y a tecnicismos para evitar la cárcel. Mientras algunos alegaban que los uniformes militares hallados eran «nuevos» y no les pertenecían, las pruebas de la Fiscalía fueron tajantes: las mochilas contenían prendas con rastros de tierra que coincidían con las tallas de los detenidos.
Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando un imputado boliviano rompió en llanto, asegurando ser un «simple mecánico» ajeno al narcotráfico. Sin embargo, la investigación fiscal reveló un perfil mucho más oscuro: el grupo de bolivianos está integrado por exmilitares con formación en tácticas de seguridad avanzada, contratados específicamente para blindar los movimientos de la red de Marset.
«No son civiles armados, son especialistas en tácticas militares», enfatizó la Fiscalía al exhibir los fusiles y pistolas con los que los sujetos posaban en fotografías recuperadas durante la investigación.
