El presidente anunciará en el inicio de la Semana Santa un paquete legislativo que promete limpiar las instituciones y reactivar el bolsillo
En un entorno cargado de simbolismo, el presidente Rodrigo Paz aprovechó la tradicional misa de Domingo de Ramos para enviar un mensaje contundente al país. Más allá de la devoción religiosa, el mandatario adelantó que los próximos días estarán marcados por anuncios estratégicos y un paquete de leyes que buscan transformar la estructura estatal y la lucha contra la impunidad.
Para Paz, la fecha no fue casual. Al vincular la mística de la Semana Santa con la realidad nacional, señaló que, aunque las traiciones suelen aparecer, al final la verdad prevalece. «Es un momento especial para la familia y los creyentes. Es la unión de la fe con su pueblo», reflexionó el mandatario, instando a la ciudadanía a estar alerta ante revelaciones que, según él, permitirán descubrir la verdad sobre manejos oscuros en el Estado.
El presidente fue tajante al referirse a la transparencia: aseguró que su gestión no dará tregua a quienes desfalcaron las arcas públicas. “Nos han golpeado las mafias, pero los estamos metiendo a la cárcel para que paguen sus pecados y se conozca el daño que nos hicieron”, enfatizó.
Bajo la premisa de modernizar el Estado, Paz anunció que este año se enfocará en agilizar la gestión pública y atraer capitales. Las piezas maestras de este plan son las nuevas leyes de Hidrocarburos y Minería, con las que busca replicar modelos de éxito regionales.
Competitividad: El mandatario cuestionó la brecha económica con países vecinos: «Si Chile mueve 50 mil millones de dólares en minería y nosotros solo 6 mil, ¿por qué no podemos igualarlos? No es pecado generar riqueza en Bolivia».
Sostenibilidad: En un giro retórico curioso, afirmó que el enfoque ambiental ha evolucionado. Según Paz, ahora la Pachamama exige inversión, siempre que sea responsable y rompa con el modelo de «destrucción bajo excusas» de las últimas dos décadas.
Combustible y descentralización
Sobre la crisis de carburantes, informó que YPFB destinó 20 millones de dólares para regularizar seguros y logística. El objetivo es claro: proteger al ciudadano común y asegurar que los responsables del desabastecimiento asuman las consecuencias.
Finalmente, reafirmó su apuesta por el proyecto de distribución de recursos 50/50 entre el Estado y los municipios. Para el mandatario, una economía más grande permite retornos que, al reinvertirse, garantizan un futuro más sólido para todos los bolivianos.
