Con la implementación del certificado de origen, ambas instituciones apuestan por una coordinación público-privada más ágil para responder con eficiencia a la demanda de los usuarios
En un paso decisivo para fortalecer la transparencia en el sector hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Asociación de Surtidores Comercializadores Privados de Hidrocarburos (Asosur) formalizaron un acuerdo para que, desde este viernes, todo el combustible despachado cuente con un certificado de calidad desde origen.
La medida fue anunciada por Carla Zuleta, gerente general de Asosur La Paz, tras una mesa de trabajo técnica celebrada en la ciudad de Santa Cruz. Según Zuleta, esta certificación asegura que cada despacho cumpla rigurosamente con los parámetros técnicos y legales establecidos en la normativa boliviana vigente.
«A partir de hoy, las estaciones de servicio recibirán el combustible acompañado de un respaldo documental que garantiza la calidad del producto desde el punto de despacho, brindando total seguridad tanto al surtidor como al consumidor final», destacó la ejecutiva.
Optimización logística y control
El acuerdo no solo se centra en la pureza de los carburantes, sino que establece una hoja de ruta para mejorar la operatividad del sector. Entre los puntos clave pactados por técnicos de YPFB y representantes de los surtidores privados, destacan:
Refuerzo de controles: Implementación de protocolos más estrictos en toda la cadena de custodia.
Eficiencia logística: Ajustes en la distribución para agilizar el abastecimiento a nivel nacional.
Atención al usuario: Estandarización de los niveles de servicio en los surtidores para mejorar la experiencia del cliente.
Alianza público-privada
Desde la estatal petrolera subrayaron que este acercamiento busca consolidar una gestión compartida más ágil. Ante la fluctuante demanda de carburantes, ambas instituciones coincidieron en que la coordinación estrecha es la única vía para responder de manera eficiente y evitar desinformación en la población.
Este convenio marca un hito en la relación entre el Estado y los comercializadores privados, enfocándose en la confiabilidad del suministro y la protección de los motores del parque automotor boliviano.
