Las declaraciones del presidente surgen tras conocerse la condena de diez años de prisión contra el exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ratificó su compromiso con la transparencia gubernamental y aseguró que no existirá «protección para nadie» en casos de corrupción. El mandatario fue enfático al señalar que cualquier funcionario, sin importar su jerarquía o filiación política, deberá rendir cuentas ante la Justicia si incurre en delitos contra el Estado.
Un mensaje de «cero tolerancia»
Durante una rueda de prensa, Paz subrayó la importancia de enviar una señal clara de integridad al país. “Los culpables de la corrupción tienen que caer; los del anterior gobierno y, si se encuentran en este gobierno, también. Aquí no se protege a nadie”, sentenció con firmeza.
Para el mandatario, los actos ilícitos detectados en gestiones pasadas representan una «traición» a la confianza pública. “Nos han robado a todos los bolivianos. Lo reitero: la Policía antes no detenía a corruptos, ahora incluso hay sentencias”, afirmó, destacando lo que considera un cambio de paradigma en la operatividad de las fuerzas del orden y el sistema judicial.
El caso Juan Santos Cruz: El precedente
Las declaraciones del presidente surgen tras conocerse la condena de diez años de prisión contra el exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz. El excolaborador de la gestión de Luis Arce fue hallado culpable de liderar una red de corrupción dedicada al cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos estatales en el sector hídrico.
Respecto a este fallo, Paz aseguró que su administración continuará brindando todo el soporte necesario a las instituciones encargadas de la investigación. «Estamos respaldando a la Justicia a través de las acciones del Ministerio de Gobierno, la Policía y apoyando todo lo que el Ministerio Público requiera», sostuvo.
Fortalecimiento institucional
Finalmente, el jefe de Estado adelantó que la coordinación entre el Ejecutivo y las entidades de fiscalización será constante. El objetivo, según explicó, es garantizar que las denuncias por hechos ilícitos lleguen a término y que los recursos del Estado sean resguardados de manera efectiva.
